A dos semanas del plazo oficial para presentar las candidaturas al nuevo liderazgo de Ciudadanos, que luego competirán en primarias a principios de enero, las posiciones entre los dos sectores públicamente enfrentados, encabezados por Inés Arrimadas, la actual presidenta, y Edmundo Bal, el único dirigente conocido que se ha postulado, están más distantes que nunca. Según información confirmada por este medio, un nuevo intento de acercamiento entre ambos fracasó el pasado domingo, en una conversación que no mostró avances.

El entorno de Arrimadas sostiene que el abogado del Estado «se niega a hablar de lista de unidad» y establece como condición esencial que la actual líder deje de ser la portavoz en el grupo parlamentario del Congreso. Esta condición es vista por los seguidores de Bal como un cambio necesario en el liderazgo que también debería reflejarse en la Cámara Baja.

Los partidarios de Arrimadas argumentan que la propuesta de Bal y su insistencia en que Arrimadas deje la portavocía parlamentaria están relacionadas con «su idea de pactar con el Gobierno su acción legislativa», señalando que si Bal asumiera el liderazgo del partido, lo haría «para colaborar con el Gobierno». Por su parte, el entorno de Bal niega este extremo, aunque el número dos del grupo parlamentario ha criticado abiertamente la supuesta derechización del partido y la coincidencia constante de Ciudadanos con PP o Vox en votaciones.

Arrimadas coincidió recientemente con Santiago Abascal y otros dirigentes del PP en Pamplona, durante una concentración en apoyo a la Guardia Civil y en contra del acuerdo entre el Gobierno y EH Bildu. Esta coincidencia ha añadido tensiones al enfrentamiento interno.

El equipo de Bal sigue molesto por la reacción de Arrimadas tras conocer su candidatura y su amenaza de presentar una lista propia si él no daba marcha atrás. Además, Bal rechaza la idea de que «la única lista de unidad pueda ser la de Inés», afirmando que su propuesta también busca unir al partido y abrir una nueva etapa.

Para el grupo cercano a Arrimadas, la decisión de Bal y su condición de que la actual líder «se aparte por completo» es «lo más alejado de la unidad», según denuncian. Las diferencias ideológicas amenazan con convertirse en el punto central de unas primarias que parecen inevitables en la situación actual.

El fuerte enfrentamiento entre Arrimadas y Bal, especialmente sobre la ley del ‘sólo sí es sí’, ha dejado secuelas en la confianza mutua. Ambos sectores reconocen que la conversación fue «muy desagradable» y marcó un cambio en la relación. Aunque no es el único episodio, las diferencias preexistentes se han agudizado, llegando a un punto en el que el entorno de Arrimadas asegura que ella no renunciará a la lucha si Bal no retira su candidatura, ya que no está de acuerdo en que él dirija el partido en la dirección que propone. Por otro lado, los partidarios de Bal valoran su decisión como una necesaria alternativa que alguien debía presentar.

Ambos sectores afirman estar en proceso de conversaciones con otros dirigentes para formar una lista. Aunque Arrimadas sigue trabajando, según su entorno, por una candidatura de unidad y transversal, hasta ahora no se han anunciado públicamente nombres.

El Gobierno ha instado públicamente al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a retirar el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) en relación con la reforma judicial. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, expresó su preocupación por las posibles consecuencias devastadoras de la aceptación del recurso, subrayando que el PP está «tensionando las instituciones» y tratando de impedir una votación democrática en el Parlamento.

Bolaños considera impredecible el resultado del recurso y advierte sobre las potenciales amenazas a la democracia si se acepta.

El Ejecutivo sostiene que hay una maniobra conjunta entre el PP y el Tribunal Constitucional para frenar el cambio hacia una mayoría progresista en el TC. Se sugiere que, al romper las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del propio TC, los populares esperaban que los socialistas tuvieran que esperar hasta las próximas elecciones.

Los socialistas ven la situación como un intento de atropellar la democracia y señalan la conexión entre algunos miembros del tribunal, como el presidente Pedro González-Trevijano y Enrique Arnaldo, con el PP. Consideran que es un golpe institucional para evitar una mayoría progresista en el TC. El Gobierno destaca la inusual presentación del recurso antes de la votación del pleno y la reacción del TC como aspectos preocupantes.

La Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado la liquidación efectuada por el Ayuntamiento de Madrid al Real Madrid CF en relación a los ejercicios fiscales de 2016 y 2017 del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de su ciudad deportiva en Valdebebas, que asciende a un total de 3.542.740 euros, según dos sentencias obtenidas por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. En este fallo, los jueces respaldan la argumentación del club presidido por Florentino Pérez, que sostenía que la liquidación del impuesto estaba mal calculada y representaba una cifra inferior.

El conflicto se originó a raíz de las decisiones del director general de la Agencia Tributaria en Madrid, quien, en 2014, incluyó en el Catastro Inmobiliario nuevas construcciones en el complejo deportivo del Real Madrid, como la residencia del primer equipo, la de la cantera y un depósito de agua, elevando el valor total del inmueble a 193.199.987 euros. En 2016, la Administración registró nuevas construcciones en Valdebebas, como el pabellón de baloncesto, dos campos de fútbol y un aparcamiento en la superficie, fijando el nuevo valor catastral en 226.250.150 euros.

El Real Madrid impugnó esta decisión ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid, que, en primera instancia, aceptó parcialmente la reclamación del club blanco, pendiente aún de la última decisión del Tribunal Económico-Administrativo Central. Al atender la solicitud de Florentino Pérez, la Administración debe llevar a cabo una nueva valoración de las obras en Valdebebas, que aún no se ha realizado.

Las sentencias, la última emitida el 6 de mayo de 2022, establecen que el Ayuntamiento de Madrid, en calidad de autoridad delegada del Catastro Inmobiliario, está incumpliendo la obligación de ejecutar la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid de 2018. Asimismo, sostienen que el Consistorio no puede mantener las liquidaciones vigentes, que fueron de 1.665.768 euros en 2016 y 1.876.971 euros en 2017.

Los magistrados han respaldado el recurso contencioso-administrativo presentado por el Real Madrid, revocando la liquidación del IBI impugnada. Ahora, el Ayuntamiento deberá emitir una nueva resolución que cumpla con la decisión del Tribunal Económico Administrativo, considerando que el club solicitaba ajustar la liquidación al nuevo valor catastral del complejo deportivo de Valdebebas.

Cabe destacar que el Tribunal Supremo ya impidió a la Administración Tributaria en 2015 elevar el valor catastral del Estadio Santiago Bernabéu, fijando la antigüedad catastral en 1961, frente al año 1989 que había considerado el Catastro. Esta decisión frenó la intención de computar las obras realizadas en 2004 y la antigüedad del estadio en el valor catastral del campo de fútbol del Real Madrid.

Salvador Illa, líder del PSC, ha elogiado la «generosidad», sin caer en la «ingenuidad», del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en relación a la reforma del Código Penal. No obstante, ha advertido al independentismo que la «autodeterminación» no será posible, pero sí una consulta en caso de llegar a un acuerdo para reformar el autogobierno.

En una entrevista con ‘El Confidencial’, Illa ha afirmado que la derogación del delito de sedición y la modificación del de malversación son acciones que «apuestan por la concordia, la convivencia y el reencuentro», proporcionando una señal a la sociedad catalana y española, según informa EFE.

«Es cierto que son medidas generosas. Me sumo a la generosidad, pero sin ingenuidad», afirmó Illa. «La política del Gobierno es la adecuada y está dando resultados. La reforma del Código Penal es una perspectiva hacia el futuro que debería ayudar a superar una década en Cataluña marcada por el malestar y el empobrecimiento».

Illa enfatizó que esta reforma «no está dirigida a una persona específica, ni determina si alguien puede o no presentarse a elecciones», refiriéndose a líderes independentistas como Oriol Junqueras. Asimismo, advirtió que la unilateralidad seguirá siendo sancionada en el Código Penal, y recordó la existencia del artículo 155.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de una consulta en Cataluña, Illa respondió que estaría de acuerdo con una consulta fruto del diálogo y consenso entre los catalanes y sus partidos, orientada a organizar el autogobierno de Cataluña, no para la autodeterminación. Aclaró que en el PSC no respaldarán una consulta rupturista, pero considerarían una consulta para ratificar un acuerdo entre partidos políticos catalanes.

En cuanto a la negociación de los presupuestos catalanes con el Govern, Illa insistió en hacerlo «de igual a igual». Además, expresó su intención de intentar formar un Gobierno en solitario si en futuras elecciones el PSC obtiene más de 40 diputados, señalando que, en ese caso, recordaría a quienes lo cuestionen que están gobernando con 33 diputados.

Javier Lambán, presidente de Aragón, abordó preguntas de periodistas antes de la visita del rey Felipe VI a Alcañiz. En gran medida, durante su intervención, se centró en temas de alcance nacional, reiterando su firme oposición a un referéndum ilegal en Cataluña. También reafirmó su posición contraria a las reformas en los delitos de malversación y sedición, destacando su deseo de no contribuir al «ruido» que caracteriza la política española.

El líder socialista aragonés evitó alinearse claramente con otro dirigente socialista, Emiliano García Page, con quien comparte diagnósticos en ocasiones. Lambán declaró: «Soy dueño de mis opiniones y procuro no opinar sobre lo de los demás. En todo caso, el ruido y la preocupación que hoy invade a la política española… no quiero contribuir a ese ruido. Soy presidente de Aragón y los ciudadanos tienen derecho a saber lo que pienso».

Recordó su postura contraria a las revisiones de los delitos de malversación y sedición la semana pasada, señalando que aunque podría debatirse el tratamiento de malversaciones sin ánimo de lucro, malversar fondos públicos para cometer delitos graves, como los perpetrados por los independentistas, debería tener agravantes penales.

Lambán insistió en que «el Estado, frente a los separatistas, debe rearmarse» y expresó su preocupación acerca de la hoja de ruta clara de los separatistas para «desconectarse» de España. Abogó por una reflexión crítica entre los partidarios de la Constitución para evitar que la gobernabilidad del país dependa de extremos, ya sea de independentistas o ideologías extremas.

En este contexto, se manifestó totalmente en contra de la posibilidad de un referéndum en Cataluña fuera del marco legal, subrayando su oposición a cualquier acción que contravenga la ley. Por último, Lambán dejó claro que no es «el jefe político» de los diputados aragoneses en el Congreso de los Diputados, rechazando las demandas del Partido Popular de que los diputados aragoneses socialistas frenen con sus votos las reformas del Gobierno central y criticando la actitud de los diputados del PP.